La marihuana es una sustancia ilegal en Costa Rica: su transporte, comercio, cultivo y preparación son delitos penados con hasta 15 años de cárcel. Para dar perspectiva, la pena máxima por homicidio culposo es de 8 años, casi la mitad de la pena por cultivar marihuana.
Esta tendencia de castigar severamente delitos relacionados a las drogas, tiene su origen en la “Guerra contra las Drogas”. Durante los años ochenta se presionó a todos los gobiernos latinoamericanos a tomar posiciones mucho más estrictas y castigar de manera mucho más severa este tipo de delitos con tal de obstaculizar su flujo hacia el norte del continente. 40 años después, el efecto de la Guerra contra las Drogas en el derecho penal costarricense sigue siendo claro.
La opinión pública sobre la marihuana ha cambiado
Nuestro país mantiene penas sumamente altas y la persecución penal hasta sus últimas instancias en delitos de drogas. Es importante entender que esta fuerte penalización ha afectado en mayor medida a poblaciones vulnerables, particularmente a personas en situaciones de riesgo social. El narcotráfico utiliza como vendedores finales a personas de escasos recursos, quienes corren el mayor riesgo frente a instituciones estatales y la violencia del narcotráfico. La enorme mayoría de las condenas se da por estos casos, conocidos popularmente como “narcomenudeo”, donde la persona enjuiciada era vendedora de cantidades muy bajas de droga y es condenada a penas sumamente altas.
Históricamente el país ha estado muy a favor de esta posición de mano dura. Sin embargo, en los últimos años se ha ido dando un cambio en la opinión pública. El relevo generacional y el acceso a la información han hecho que la marihuana sea vista de una manera menos hostil.
A esto se le suma la existencia de dos proyectos de ley en el último periodo legislativo que proponían avanzar con la despenalización e iniciar con la regulación. Esto hubiera sido completamente impensable hace 20 años, y demuestra cómo el tono de la conversación respecto a la marihuana ha cambiado. Incluso los sectores más conservadores están promoviendo el uso del cáñamo, una cepa con muy bajo nivel de elemento psicoactivo, para uso industrial.
¿Cuales son las alternativas legales?
Existe una mayor presión de abandonar el modelo punitivo y adoptar una posición más suave en este tema. Sin embargo, hay poca claridad sobre que ruta deberíamos tomar. Considerando la importancia de este tema, es importante comprender las tres principales alternativas:
Despenalización
El primer concepto por entender es la simple despenalización de la marihuana. Despenalizar haría que la comercialización, transporte, cultivo, entre otras dejaran de ser delito. De esta forma, se levantaría las penas de todas las personas que se encontrasen cumpliendo condenas por delitos relacionados a la marihuana.
Liberación del Comercio
Esta opción implica que no se aplicaría ningún tipo de regulación o impuesto especial en las etapas de producción, comercio y consumo. Al ser una sustancia psicoactiva, la liberación absoluta de la Marihuana es poco viable y a la fecha ningún país ha optado por esta ruta.
Regulación
Con la regulación de la marihuana se establecerían controles y tributos especiales que definirían como sería el consumo legal de esta sustancia. Existen dos alternativas para la regulación: limitar al consumo medicinal o abrir al consumo recreativo.
La mayoría de los países que han despenalizado la marihuana han establecido una regulación unicamente para uso médico. Algunos ejemplos son Argentina, Australia, Chile, Alemania, entre otros. Este modelo solo permite el uso si existe una justificación médica, pero que tan estrictas son las justificaciones médicas varía de país a país.
Por otro lado, el uso recreativo de la marihuana solo ha sido autorizado en pocos países, como Canadá, México y Uruguay. Este permite el consumo a personas adultas, sin requerir ningún tipo de justificante, similar al modelo regulatorio del alcohol. Además establece controles a los productores y distribuidores para proteger la salud de los consumidores.
Abandonar el viejo modelo punitivo de los años 80 implicaría un avance en materia de derechos humanos. Las altas penas están injustificadas, y terminan siendo aplicadas casi de manera exclusiva a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Además, permitiría iniciar una industria con un enorme potencial de alto valor agregado y reivindicaría el derecho de las personas de consumir de una manera segura en ejercicio de su autonomía y libertad.
