Este 16 de febrero la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente #21436, correspondiente al proyecto “Ley Concursal de Costa Rica”, quedando pendiente únicamente la aprobación por parte del Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la República. La Ley Concursal establece nuevas reglas para el proceso por el cual se resolverán los casos de insolvencias, popularmente conocidas como “quiebras”. Es decir, cuando una persona o empresa tiene más deudas que activos. Esta ley representa un avance importante para la legislación costarricense, puesto que las normas concursales que tenemos en la actualidad tienen dos siglos de atraso.
La normativa actual y sus debilidades
Los resultados del actual cuerpo normativo nunca fueron los deseados ya que desprotegía a todas las partes del proceso:
i) La persona o empresa concursada, la “quebrada”, tenía mínimas posibilidades de sobrevivir financieramente el procesoy que continua su actividad económica. Además, lograr un acuerdo con quienes tuviera deudas no era realmente posible por el diseño del proceso.
ii) Las personas acreedoras solo podían recuperar fracciones de los montos adeudados. El procedimiento de intervención se encargaba de terminar de quebrar al negocio y la larga duración para la liquidación de los activos resultaba en que gran parte de los créditos terminasen sin pagarse.
¿Cómo se compara esto con otros países?
Esta falencia del ordenamiento costarricense se puede ver claramente reflejada en el informe “Doing Business 2020” del Banco Mundial. En Costa Rica durante un proceso concursal las personas acreedoras en promedio tan solo recuperaban 29.5 centavos por dólar adeudado, cuando el promedio de la OCDE son 70.2 centavos por dólar adeudado, más del doble. Además, el proceso en Costa Rica tiene una duración promedio de 3 años, mientras que en los países de la OCDE es menos de 2 .
El procedimiento concursal costarricense apenas logró una calificación de 6 de 16 puntos en este informe, quedando atrás del promedio OCDE de 11.9, e incluso de la media de Latinoamérica y el Caribe, de 7.2. En el contexto actual de recesión económica, gran parte de los negocios del país enfrentarán deudores que no pueden honrar sus obligaciones, dificultades para poder cumplirle a sus propios acreedores, e incluso ambas situaciones a la vez. Un mal aparato normativo para resolver insolvencias resultará inevitablemente en el cierre de muchas empresas, causando un directo impacto negativo en las posibilidades económicas de múltiples familias y entorpeciendo el proceso de recuperación de la economía post Covid.
Cambios que trae la nueva Ley Concursal de Costa Rica
En cambio, un buen sistema concursal, como la nueva Ley parece ser, permitirá salvar a una mayor cantidad de empresas de su cierre definitivo. Además pretende permitir que sus acreedores recuperen partes más sustanciales de los montos que se les adeuda en un plazo razonable.
Basándose en las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, la Ley Concursal elimina diferenciaciones completamente superadas. Por ejemplo, tratar de manera distinta a comerciantes y no comerciantes. A la vez, unifica la intervención judicial, acuerdos preventivos y ejecución colectiva en un solo proceso mucho más flexible. Esto le permitirá a la persona juzgadora y a las partes involucradas adecuarse y tomar las decisiones más apropiadas para cada caso en concreto. Además, se establece como un principio procesal la conservación de la empresa. Por lo que siempre se deberá buscar acciones que permitan la viabilidad de las actividades productivas, facilitando a futuro pagar las deudas a las personas acreedoras.
Otros tres puntos importantes de mencionar son:
- La Ley Concursal ya no obliga a las partes involucradas a liquidar los activos mediante remates judiciales. Estos resultaban muy lentos y terminaban obteniendo tan solo fracciones del valor real de los bienes rematados.
- Se minimizan los costos económicos del proceso concursal sobre la empresa concursada. Con las normas vigentes se obliga al negocio a soportar costos muy altos en una situación financiera ya delicada. Esto terminaba de ahogar a muchas empresas que podrían haber sobrevivido la crisis económica de haber tenido las herramientas adecuadas.
- La Ley Concursal viene a flexibilizar la toma de decisiones dentro del proceso por las partes interesadas. Esto permite que las decisiones pertinentes sean tomadas y ejecutadas a tiempo con el fin de preservar y restablecer la mayor cantidad de valor de la empresa. Con la normativa vigente la lentitud y rigidez del proceso dejaba poquísimo margen de acción que permitiese enderezar el rumbo financiero de la empresa, o siquiera actuar con diligencia para salvar lo más posible del valor de sus activos.
Pareciera entonces que se ha dado un paso en la dirección correcta para corregir una de las mayores deficiencias del sistema judicial de Costa Rica. Se tendrá que esperar a su implementación para poder ver sus resultados reales, pero desde una perspectiva jurídica, la Ley Concursal de Costa Rica da señas que beneficiará tanto a deudores y acreedores en tiempos económicos apremiantes.
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